SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2024
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Garantizar que las personas puedan recibir los fármacos que necesitan es un imperativo ético y sanitario que requiere la colaboración de múltiples actores: gobiernos, instituciones de salud, compañías farmacéuticas, y organizaciones de la sociedad civil.
Los medicamentos mejoran la calidad de vida, reducen la mortalidad y son claves para fortalecer la cobertura universal y la continuidad de la atención. Sin embargo, en muchos países el acceso a fármacos y otras tecnologías sanitarias continúa siendo desigual y limitado por barreras económicas, logísticas y estructurales. Esta falta de acceso afecta de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, comprometiendo su bienestar y perpetuando la desigualdad en salud.
En un informe reciente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han advertido que “los sistemas de salud de los países de América Latina y el Caribe tienen importantes debilidades estructurales, marcadas por un subfinanciamiento crónico, junto con elevados gastos de bolsillo, la fragmentación de la provisión de servicios y la segmentación de las personas en función de su capacidad de pago. También enfrentan diversas dificultades relacionadas con las capacidades institucionales y la gobernanza que limitan la capacidad de responder a los desafíos de la salud pública. Ello ha generado un escenario de profundas desigualdades que comprometen el acceso universal a la salud y el bienestar, y la protección financiera de los hogares”.
El documento de la OMS y la CEPAL cita un análisis de 2022 basado en datos de 15 países de la región que reveló que aproximadamente el 29,3% de la población, equivalente a alrededor de 295 millones de personas, tenía necesidades de atención médica no satisfechas, incluyendo la falta de acceso a medicación.
En este contexto, es importante observar dos puntos interrelacionados: por un lado, las barreras y desafíos para el acceso, pero también a la vez la interseccionalidad con otros determinantes de vulnerabilidad.
Los desafíos de la región están relacionados con las barreras económicas y de financiación donde el costo elevado de los medicamentos esenciales y de alto precio y su impacto presupuestario siguen siendo una limitante crítica, especialmente para enfermedades crónicas y tratamientos especializados. A nivel global, la tendencia hacia medicamentos innovadores de alto precio ha creado tensiones presupuestarias, que reflejan la necesidad de nuevas estrategias de financiamiento y gestión, como las compras centralizadas, los acuerdos de precios diferenciados y la promoción de medicamentos genéricos y biosimilares.
También la falta de coordinación en la adquisición y distribución dentro del sistema de salud tiene como resultado una asignación ineficiente de medicamentos, tanto en zonas urbanas como rurales. Las políticas desarticuladas relacionadas a los procesos de adquisición son obstáculos importantes, sobre todo en países con sistemas de salud fragmentados o segmentados, o donde las diferencias en los sistemas de salud entre provincias y regiones generan ineficiencias en el acceso a medicamentos esenciales. Incluso el insuficiente control de stock es común en varios países, enfrentando riesgos de desabastecimiento. Estos problemas se ven acentuados por interrupciones en la cadena de suministro y la falta de políticas de almacenamiento preventivo. La capacidad regulatoria limitada y estructuras organizativas con bajos niveles de madurez también se presentan como un desafío en varios países de la región.
En este contexto, desde una perspectiva de salud pública, el acceso a los medicamentos implica la implementación de políticas públicas efectivas que abarcan la regulación, los precios, la adquisición, la distribución eficiente, el financiamiento y la promoción del uso racional de los medicamentos, entre otros aspectos.
Por otro lado, “la desigualdad respecto de estas barreras y su interseccionalidad con otros factores, representan un desafío en relación con la equidad de los sistemas y la atención de salud. Estos factores se relacionan con los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social, como el nivel socioeconómico, la condición étnico-racial, el género y el territorio, entre otros, que condicionan el acceso a la salud y que, al combinarse, magnifican las barreras de acceso y afectan de manera desproporcionada a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”, señalan la OMS y la CEPAL. Este eje debe ser abordado con políticas públicas que favorezcan la cobertura universal de salud, reduciendo el gasto de bolsillo destinado a la compra de medicamentos y faciliten la aplicación de criterios de asignación adecuada en el uso de los recursos sanitarios.
Garantizar el acceso a los medicamentos es un imperativo ético y sanitario que requiere la colaboración de múltiples actores: gobiernos, instituciones de salud, compañías farmacéuticas, y organizaciones de la sociedad civil. Solo mediante el esfuerzo coordinado de estos sectores será posible avanzar hacia sistemas de salud más equitativos y sostenibles, donde los medicamentos esenciales sean accesibles para todas las personas.
Por: Maissa Havela, Politóloga y máster en gestión de servicios de salud. Consultora senior en el CIIPS-IECS y directora del curso “Políticas de acceso a medicamentos y tecnologías de salud”