Investigaciones del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) estiman que la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS) puede afectar la toma de decisiones informadas al momento de comprar alimentos, lo que tendría un impacto negativo medible en la salud pública.
La presencia de octógonos de advertencia en gaseosas y otras bebidas azucaradas sirve como ejemplo. En “Lo que nadie te dice sobre las bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes en Argentina”, una pieza gráfica de difusión de un estudio realizado por el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud de IECS, se proyectó que la aplicación efectiva de la ley podría reducir hasta un 23,7% el consumo de bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes. Esta reducción puede evitar más de 104.000 casos de sobrepeso y obesidad en menores de edad y más de 285.000 casos en adultos.
La Ley PAS también puede prevenir cerca de 74.000 casos de diabetes tipo 2, más de 19.000 casos de enfermedad cardiocerebrovascular, 27.000 casos de enfermedad renal crónica y más de 23.000 casos de cáncer y otras enfermedades asociadas al consumo habitual de bebidas azucaradas, según la investigación realizada en el marco de la puesta en marcha de la norma de etiquetado frontal de 2021.
“El etiquetado frontal es mucho más que una etiqueta: es una política integral de prevención. El impacto que estimamos desde IECS para bebidas azucaradas muestra solo una parte del beneficio potencial de la ley, que incluye advertencias, restricciones al marketing y regulación del entorno escolar. Debilitar o derogar esta ley sería perder una herramienta simple, visible y de alto impacto para proteger la salud, especialmente de la infancia”, explicó Andrea Alcaraz, coordinadora del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud de IECS y coautora del estudio.
El impacto económico de las enfermedades no transmisibles y los beneficios de la prevención
El equipo de investigación del IECS también estudió el impacto económico de la ley y estimó que, solo por su aplicación en bebidas azucaradas, su implementación puede evitar gastos por más de 26.000 millones de pesos cada año. Sin políticas de prevención, las enfermedades no transmisibles asociadas al consumo de estas bebidas pueden llegar a representar costos sanitarios superiores a los 89.000 millones de pesos anuales.
“No existen argumentos sanitarios para derogar la ley. El impacto sanitario y económico de las enfermedades no transmisibles en nuestro país es enorme, ya que incrementan las muertes prematuras y los años vividos con discapacidad en la población. Gran parte de esta carga está asociada a condiciones altamente prevalentes, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, que a su vez aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares”, señaló Natalia Elorriaga, investigadora del Departamento de Investigación en Enfermedades Crónicas del IECS.
Por su parte, Adolfo Rubinstein, director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) del IECS, y quien impulsó el etiquetado frontal de advertencia en su gestión como ministro de salud de Argentina, dijo en un artículo en La Nación: “La Ley de etiquetado frontal es una herramienta clara y sencilla para informar a los consumidores sobre opciones saludables. Esta ley fue fruto de la colaboración de legisladores de diferentes partidos, con participación de ONG, sociedades científicas y organismos internacionales. Hay sobrada evidencia de que el etiquetado frontal de alimentos es efectivo para modificar las decisiones en el punto de compra y ya se está implementando en países de Latinoamérica, como Chile, Brasil, Uruguay, Perú y México, y del mundo, como Canadá, Corea del Sur, Israel y Nueva Zelanda, entre otros. Todas las objeciones a la Ley PAS pueden refutarse con evidencia y datos contundentes”.
Luego, Rubinstein concluyó: “La malnutrición infantil por exceso, sobrepeso y obesidad, afecta hoy a 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes; paradójicamente, en una Argentina donde más de la mitad de esa misma población vive en la pobreza. Se trata del problema de salud pública que tendrá el mayor impacto en nuestras posibilidades de desarrollo en las próximas décadas. Los niños, niñas y adolescentes que hoy no reciben una alimentación adecuada no solo enfrentan un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en la adultez: también verán comprometidas sus oportunidades educativas, su inserción laboral y su capacidad de contribuir al desarrollo del país”.
En este contexto, IECS adhirió al rechazo de la posible derogación de la Ley PAS, junto a más de 300 organizaciones, sociedades científicas, asociaciones médicas, universidades y organizaciones de salud pública. Pronunciamiento